Matanzas, desplazamientos forzados y desapariciones son algunas de las consecuencias del conflicto armado que se vive en Apure y Arauca desde enero de 2022. Un equipo de Human Rights Watch visitó esta frontera entre Colombia y Venezuela, entrevistó a más de 100 personas de ambos países y constató que mientras los grupos irregulares cometieron «abusos brutales» con el apoyo de las fuerzas de seguridad venezolanas, la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente

Los enfrentamientos entre grupos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela han provocado un aumento dramático de la violencia en los primeros meses de 2022, forzando a miles a huir de sus hogares, señaló hoy Human Rights Watch.

El 1 de enero de 2022 comenzaron los enfrentamientos entre el Comando Conjunto de Oriente – una coalición de grupos disidentes que surgieron tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Estos grupos se disputan el control del territorio y de actividades ilícitas en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure. Los guerrilleros de ambos bandos, que anteriormente habían operado como aliados, han cometido múltiples abusos, incluyendo asesinatos, reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado. Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, que han estado implicadas en violaciones de derechos humanos que han dado lugar a investigaciones internacionales sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, han realizado operaciones conjuntas con miembros del ELN y han sido cómplices de sus abusos.