El 24 de noviembre, el fiscal designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, planteó una reforma legal a la que, en principio, parece difícil oponerse: incrementar hasta el máximo posible las penas para los culpables de abuso sexual contra niños y adolescentes.

Saab lanzó esta propuesta en la solemnidad de los actos por el aniversario de la institución, que él encabeza gracias a las carambolas que da la política venezolana. Es evidente el esfuerzo por ganar voluntades a su causa, y de paso hacer que se olvide su cuestionado origen. En esta oportunidad, aprovechando el estupor ocasionado en el país por la divulgación de un video, en el que un niño aparece sometido por un grupo de mujeres mayores, que no escuchaban su llanto y lo mantenían apisonado entre sus piernas.

Este grotesco episodio levantó sensibilidades en la opinión pública, que no pasaron inadvertidas por Saab. El funcionario, incluso, se permitió sugerir la posibilidad de establecer penas aún más prolongadas para casos como éste, que rebasarían las tres décadas tras las rejas.

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