“Abstenerse extranjeros”, “absténganse de llamar personas de origen extranjero”, “no extranjeros”. Una búsqueda rápida por un portal inmobiliario desvela la discriminación que se practica a la hora de alquilar una vivienda en España. Mensajes dolorosamente claros y punzantes que Silvia Durán, venezolana de 42 años, sufrió cuando llegó a España en 2017.
A Silvia le negaron el acceso a una vivienda por su nacionalidad. Su acento la delataba, pero era mostrar su pasaporte a un agente inmobiliario y se cerraban todas las puertas. “Cuando llegué trabajé de interna en una casa, después traje a dos de mis cuatro hijos y me acogieron en una casa de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)”, dice esta venezolana que ahora trabaja para esa misma ONG. Finalmente encontró piso gracias al apoyo de una inmobiliaria de un “chico colombiano” que ayuda a inmigrantes. Vive en Madrid y paga 650 euros al mes. Silvia da cuenta de numerosos extranjeros no comunitarios que están pasando por situaciones de racismo, sobre todo mujeres con hijos. “Les piden al menos un año de nómina, tres meses de fianza, aval bancario… Son muchas trabas”.
La discriminación es un fenómeno normalizado. “El 72,5% de las inmobiliarias contactadas aceptan formas explícitas de discriminación. Esta abrumadora mayoría únicamente presenta niveles más bajos en Barcelona, que podrían estar asociados a la apertura del primer expediente sancionador por parte del Ayuntamiento por motivos de discriminación residencial. Del 27,5% restante que no la acepta de forma explícita, el 81,8% tolera otras formas indirectas y ocultas. Es decir, apenas encontramos inmobiliarias que rechacen cualquier forma de discriminación por motivo de origen”. Es la conclusión del informe ¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler, elaborado por Provivienda por encargo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta misma semana se presentaba el documento al ministro José Luis Escrivá y a la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul.
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