Al apoderarse de la economía, el régimen se convirtió en el primer afectado por el lavado de dinero de sus propios funcionarios

@javiermayorca

La operación iniciada el 17 de marzo por la Policía Nacional Anticorrupción puso de relieve el súbito interés del oficialismo sobre los problemas asociados a la legitimación de capitales.

De hecho, podría decirse que más del 60 % de los detenidos a partir de esa fecha han sido señalados de participar en operaciones para ocultar el origen ilícito de ciertos fondos, ya sea en forma dolosa o, como sucedería con el grupo de las llamadas “muñecas”, sin tener certeza de que los fondos de las empresas en las que ellas aparecían de forma nominal habían surgido del delito.

El problema es que el propio régimen ha alimentado la confusión. Debe recordarse que, en octubre de 2020, en medio de la desesperación por alimentar las arcas públicas a como diera lugar, la Asamblea Nacional Constituyente creada a la medida de Maduro sancionó la llamada Ley Constitucional contra el Bloqueo. Con esa norma básicamente se desmontaba todo el camino andado para generar en el país una cultura de debida diligencia en cuanto a la determinación de la legalidad de los fondos utilizados en cualquier trato con entidades del Estado.

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