El informe 2002 de ejecuciones extrajudiciales de la organización Lupa por la Vida denunció que policías y militares dieron muerte a 824 personas el pasado año en distintas circunstancias.

Lupa por la Vida resalta que 2022 se caracterizó por un «alto número de privaciones arbitrarias de la vida por parte de funcionarios policiales y militares, los cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad de asesinato».

El alto número de muertes, consideran, representa la «continuidad de una política de Estado de violaciones masivas y, a su vez, sistemáticas al derecho a la vida. La impunidad estructural conlleva a que la casi totalidad de estos homicidios no se investiguen. Dicha impunidad es también una política de Estado», denunciaron.

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