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Esta columna sale a la luz cuando apenas han pasado seis días de las primeras detenciones en el desarrollo de una inusitada operación que, de hecho, representa el estreno público de la llamada Policía Nacional Anticorrupción.

Desde un punto de vista formal, esta unidad tenía más de ocho años de existencia. Fue creada mediante un decreto presidencial emitido en noviembre de 2014. Desde entonces, su figuración fue discreta. Servía como garrote contra factores que se habían separado del oficialismo, nunca contra quienes participaban activamente en el poder.

Y no podía ser de otra forma. El Cuerpo Nacional contra la Corrupción, desde su nacimiento, es uno de los mecanismos de los que goza el régimen para protegerse. No se trata de un órgano independiente. Su director y demás integrantes son seleccionados por el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesspa), que es el punto de convergencia entre las inteligencias venezolana, cubana y de otros aliados foráneos. El mecanismo para la designación, establecido en la orden presidencial número 1.444, indica que la lista de candidatos es entregada a Maduro, quien al final formaliza el nombramiento. El Cuerpo Nacional contra la Corrupción depende orgánicamente de Miraflores.

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