El derecho a la identidad es uno de los tantos derechos vulnerados por el Estado venezolano a sus ciudadanos, pese a estar contemplado en el artículo 56 de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Una transgresión que impacta a quienes se enfrentan cada día al exceso de burocracia de la administración pública en todo el territorio nacional y que impacta con más fuerza al éxodo, que ya alcanza los 7,13 millones de migrantes y refugiados venezolanos por todo el mundo, según la plataforma R4V de Naciones Unidos, como producto de la emergencia humanitaria compleja que golpea a la nación. 

A su vez, la guerra de obstáculos de la diáspora es especialmente ardua por la ausencia de sedes consulares en los países de acogida, los costos dolarizados y la exigencia de la presencialidad en el país que dejaron o del que huyen. Es justo ahí donde entran en escena las redes de gestores y tramitadores en las redes sociales, un procedimiento prohibido por la propia legislación venezolana.

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