Las expropiaciones, decomisos de facto, se convirtieron en una fuente de riquezas para algunos funcionarios, con pérdidas para las que no hay remedio ni justicia
El 8 de agosto de 2008, una comisión de la Guardia Nacional se presentó de improviso en los galpones de una empresa ubicada en la zona industrial El Nepe de Guacara. Los militares portaban un oficio de la Fiscalía, emitido un mes atrás, que ordenaba una minuciosa revisión a los inventarios de sustancias químicas almacenadas por la compañía Marivelca.
Esta empresa fue registrada en Carabobo en mayo de 2003 por Carmina Rita Comparelli, gerente general. Tenía como jefe de operaciones a Freddy Ernesto López Comparelli, mientras que Julio César Delgado Comparelli y Loryelena Delgado Comparelli figuraban como accionistas. Podría decirse entonces que era un emprendimiento familiar.
El principal contratista de Marivelca era Pequiven. Los Comparelli se preciaban de señalar que formaba parte “especializada y certificada de la red de distribución” de la filial de Petróleos de Venezuela en lo que respecta al ácido clorhídrico, un compuesto químico controlado porque se trata de un precursor para la fabricación de cocaína. Igualmente, almacenaba y trasladaba otras sustancias que también requerían un permiso especial de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
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