El 24 de enero de este año, dos días antes de la visita de Volker Türk, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines. Un proyecto de ley que, como advierte la Academia de Ciencias Políticas y Sociales: “forma parte de una política sistemática de Estado dirigida a restringir, inhibir, criminalizar y perseguir el accionar libre e independiente de las ONG, de las personas defensoras de derechos humanos y de actores humanitarios” y así, constituye otra violación al ordenamiento jurídico constitucional e internacional.

El abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, dedicada a la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, conversa con La Gran Aldea y ofrece ejemplos de cómo es que este proyecto también afectaría la lucha gremial de las últimas semanas, a los beneficiarios de las ONG y a cualquiera que viva en Venezuela, pues como dice desde el inicio: “hasta en el ejercicio de la vida ciudadana, la que ocurre todos los días, la amenaza al derecho social de las ONG y afines nos afecta a todos, porque si los vecinos organizados de una comunidad están limpiando un parque, de ahora en adelante lo harían cuando y como les diga el Gobierno”.

-¿Y ahora qué le molesta al gobierno de las ONG?

-Que somos una opinión independiente, incluso en ámbitos que parecieran no políticos o no vinculados a la actividad de disidencia como las organizaciones sanitarias. Por ejemplo, Susana Raffalli tiene programas de lucha contra la desnutrición en las zonas populares del país y, a partir de esa información, saca datos sobre la desnutrición de niños menores de tres años y habla de desnutrición aguda en ese estrato. Esa información que el Gobierno no da y que Susana publica es una de las razones por las cuales se nos quiere callar, porque revelamos la gravedad de la situación que hay en el país.

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