En 2017, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) contrató a un dudoso grupo para detener el deterioro de las relaciones con el gobierno de Donald Trump. A la vuelta de unos meses, el clima bilateral había empeorado aun más, y el dinero pagado por la estatal venezolana terminó en los bolsillos de individuos procesados por la justicia de ese país.

El nombre más importante de la lista es sin duda David Rivera, un excongresista de Florida por el partido Republicano. La primera semana de diciembre, este hombre de origen cubano fue apresado en Atlanta, luego de ser imputado por el incumplimiento de una ley estadounidense que obliga a registrar ante el Departamento de Justicia a todas las personas que intentan ejercer algún tipo de influencia en ese país, en nombre de agentes foráneos.

La detención de Rivera fue precedida por una sucesión de litigios civiles, en los que la estatal petrolera venezolana intentaba -al menos de manera formal- resarcir el daño ocasionado a sus arcas por lo que considera un incumplimiento del contrato firmado con Rivera durante la era Trump.

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