Las hermanas de Karla Stefanie Romero Quintero reclaman justicia por un crimen que “acabó con la felicidad de una familia por completo”. El 9 de mayo de 2018, dos hombres en moto asesinaron a tiros a la joven de 29 años en el estacionamiento de su casa en San Cristóbal, en el fronterizo estado Táchira, al suroeste de Venezuela. La ex pareja de la muchacha, el teniente coronel Manuel Salvador Parra Ramírez, presuntamente ordenó el sicariato y por eso se libró una orden de captura en su contra. Pero, en lugar de ser detenido, fue ascendido y asignado a la Guardia de Honor Presidencial. Poco después, la causa contra el militar y los implicados fue sobreseída. Todo ocurrió en el país de “Mamá Rosa”, nombre del Plan para la Igualdad y Equidad de Género vigente que apunta entre sus objetivos, desde 2013, a “erradicar la violencia de género en todas sus expresiones”.

“Mamá Rosa” era el mote que el expresidente Hugo Chávez usaba para referirse a la abuela que lo crió. Con él se bautizó un programa que las expertas consultadas para esta investigación desconocen porque no hay manera de seguirle la pista: nunca se supo cuál presupuesto se le asignó, tampoco cuáles acciones se ejecutaron, todavía es un misterio el número de personas que trabajaron para implementarlo y aun más opacos son su alcance y sus resultados. Sin embargo, la poca transparencia no fue obstáculo para que extendiera su período de vigencia: en lugar de finalizar en 2019, se amplió hasta 2025, año en el que Nicolás Maduro culminará su tercer mandato como presidente de Venezuela. 

Lo que sí se sabe es que “Mamá Rosa” no ha podido “erradicar” la violencia de género y mucho menos los feminicidios. La última cifra oficial de femicidios –porque el término “feminicidio” no está contemplado en el legislación venezolana- data de 2016 y arrojó que 122 mujeres habían muerto en esta circunstancia. Organizaciones no gubernamentales continuaron el monitoreo y determinaron que, apenas un año después, estos crímenes tuvieron un alza de 74%: 213 en 2017, según Cofavic.

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