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Uno ingenuamente piensa que el ser humano en su ascenso civilizatorio va progresando linealmente del mal hacia el bien, que las ideas de igualdad y el reconocimiento de derechos humanos (DDHH) son parte inalienable del hombre moderno, de su dignidad y sus libertades, que el mundo de hoy es mejor y más justo que el de ayer y el de mañana será aún mejor que el de hoy.

De repente, nos llega el tercer «Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela», comisionado por el Consejo de DDHH de la ONU y esa percepción de ascenso continuo cae. El informe se centra en dos temas prioritarios: a) los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de estructuras e individuos pertenecientes a los servicios de inteligencia del Estado, como parte de un plan para reprimir a personas opositoras al Gobierno; y b) los DDHH en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado Bolívar.

La Misión presentó su primer informe en 2020, centrado en las violaciones de DDHH y delitos en el contexto de represión política selectiva, operaciones de seguridad y protestas, todos los cuales constituyen crímenes de lesa humanidad. Un segundo informe en 2021 se dedicó al sistema de justicia que a juicio de la Misión, contribuye a perpetuar la impunidad e impide a las víctimas acceder a recursos legales y judiciales efectivos y en ciertos casos, asiste a la política de Estado de aplastar a la oposición.

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