El martes 13 de septiembre, la alcaldesa de Bogotá Claudia López divulgó el contenido de una carta remitida la semana anterior al recién designado canciller, Alvaro Leyva, con el propósito de solicitar sus “buenos oficios” ante el gobierno de Nicolás Maduro, en un contexto de extrema urgencia.

La gobernante de la capital neogranadina detectó que un brote de violencia homicida, cuyo saldo hasta el momento es de 23 muertos, tendría su origen a mil kilómetros de distancia, en las celdas del Internado Judicial del estado Aragua, mejor conocido como Tocorón.

Las pesquisas de un grupo especial contra la delincuencia organizada, que consta de 54 efectivos, han establecido un nexo entre esos asesinatos y la megabanda conocida como Tren de Aragua. Comprender esta situación puede ser muy complicado para alguien que no esté bien empapado de la realidad venezolana. Incluso en Colombia, donde los grupos armados no estatales han hecho de las suyas durante más de medio siglo, se preguntan cómo es posible que desde los confines de una instalación teóricamente bajo el control del Estado venezolano se coordinen lo que López describió como “vendettas por la disputa de rentas ilícitas de narcotráfico y otras actividades”.

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