La petrolera estatal se comprometió al pago, sin demora ni protesta, de cientos de millones de dólares a una compañía fraudulenta de mera fachada que, aunque nunca prestó el servicio acordado, tenía las cláusulas del contrato a su favor. Tras perder un arbitraje internacional, al menos 325 millones de dólares en alquiler de equipos destartalados a ese acreedor de Pdvsa siguieron en disputa en un tribunal del Reino Unido. Pero, de recuperarse, es más probable que su destino final esté en Estados Unidos o Malasia, que en Venezuela, de donde salieron.

Pdvsa pagó cándidamente, primero. Obligada, después. ¿El monto? Al menos 325 millones de dólares cuyo destino un tribunal de Londres está por decidir. En medio de esa expectativa por la decisión final de la corte, algo que de antemano se sabe es que, a pesar de que el dinero salió de Pdvsa, no hay ni la más mínima oportunidad de que el Estado venezolano vaya a recibirlo de vuelta. Entre los beneficiarios potenciales están la empresa Petrosaudi Oil Services, el Departamento de Justicia de Estados Unidos o la justicia de Malasia. 

El botín en disputa, y la disputa misma, son productos de uno de los contratos más lesivos para los intereses del país firmados durante la autodenominada Revolución Bolivariana. Se trató del contrato suscrito en 2009 entre Pdvsa y Petrosaudi Oil Services, esta última, creada por dos artífices de los negocios al estilo del fake it ‘till you make it, el británico Patrick Mahoney y el suizo Tarik Obaid, quienes con la ayuda de Turki bin Abdullah, uno de los hijos de Abdalá bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita en ese momento, armaron lo que terminó siendo una empresa de maletín con agallas y conexiones. 

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