En las últimas dos décadas, el ordenamiento jurídico venezolano en materia de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a la información pública ha sido diseñado con limitaciones e imprecisiones. El marco legal para regular y garantizar los derechos informativos en el país ha respondido a coyunturas favorables al Estado venezolano y ha legalizado la censura. En “Leyes para silenciar”, un reporte del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), se expone justamente cómo se promulgaron legislaciones para trabar y castigar la libre expresión.

“Leyes para silenciar” recalca que existe una deuda con las garantías informativas en Venezuela debido a que la producción legislativa imperante presenta deficiencias estructurales que erosionan los principios que debería salvaguardar. En algunas de las normas venezolanas promulgadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se establecen limitaciones excesivas con efecto amedrentador, sanciones penales desproporcionadas, terminologías vagas e interpretaciones discrecionales.

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