Aquel domingo 9 de junio de 2019, Sergio Moro, el entonces ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, no había cumplido ni seis meses en el cargo. Era la figura más popular del gobierno, consecuencia de su actuación en el caso Lava Jato, todavía un efecto de su etapa como juez de la operación anticorrupción más audaz de la historia de Brasil. Pero ese día todo empezaría a cambiar. Al final de la tarde, el sitio web The Intercept Brasil publicó el primero de una serie de 35 reportajes que serían conocidos como Vaza Jato, elaborados a partir de mensajes de teléfonos celulares de los fiscales de Lava Jato obtenidos por un hacker y entregados al sitio web. Diálogos entre los integrantes de la fuerza de tarea de Lava Jato y entre ellos y Moro en momentos cruciales de la operación.
El conjunto de publicaciones mancharía para siempre la imagen de la operación al revelar la falta de imparcialidad de Moro para juzgar las acciones del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Moro actuó junto a los fiscales y en contra de la defensa de Lula, ignorando la neutralidad que la ley brasileña exige a los jueces. Esos mensajes serían el remate de un proceso, que llevaba meses, de desmantelamiento de Lava Jato y de todo el sistema anticorrupción que permitió su existencia.
Los mensajes acabaron siendo utilizados como elementos de convicción para los ministros del Tribunal Supremo de Brasil, que en 2021 decidieron anular las condenas de Lula. Primero, al resolver que la Justicia Federal de la ciudad sureña de Curitiba no tenía jurisdicción para juzgar los casos del expresidente, ya que no habría cometido en el estado de Paraná los crímenes que se le imputaban. Y, después, al declararlo parcial por juzgar a Lula y condenarlo a prisión, al haber formado parte del gobierno de Bolsonaro, principal opositor del expresidente.
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