Al menos 1.630 propiedades esperan por una devolución a sus legítimos dueños, pero en muchos casos la recuperación es un problema más que una solución, ya que deben invertir para restituir lo destruido durante la gestión chavista, por lo que muchos propietarios exigen el resarcimiento de los daños, una alternativa que el Gobierno no parece siquiera contemplar

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El autoritario «exprópiese» del fallecido Hugo Chávez pasó a la historia como una frase icónica del imaginario colectivo del venezolano. Lo que fue una tragedia para muchos comerciantes y empresarios, acabó teniendo una connotación casi cómica y anecdótica para muchos.

La frase se relacionaba de manera estrecha con Chávez, ese personaje político que invadía la opinión pública con su desbordante personalidad y excesos propagandísticos en cámara. El «rockstar» de la política venezolana, en aras de impulsar sus políticas populistas y recibir aplausos por parte de sus admiradores, banalizó y normalizó la violación a la propiedad privada.

La política del chavismo entre 2005 y 2012 consistió, en gran medida, en vulnerar el derecho a la propiedad privada. El arrebato de activos a los propietarios y su distribución al «pueblo» funcionó para conseguir votos, pero destruyó poco a poco el tejido empresarial e industrial del país.

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