El 28 de marzo de 2022 empezó a aplicarse la reforma de la Ley a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF). La modificación implementa un impuesto de 3% sobre las operaciones en divisas o criptomonedas distintas al bolívar y al petro, realizadas por personas naturales y jurídicas.
La reforma fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.687, el 25 de febrero. El mismo día, se publicó un decreto presidencial que identifica algunas operaciones no sujetas o exentas del pago de este impuesto. El 17 de marzo, el Seniat dictó una providencia administrativa para designar a los contribuyentes especiales como “agentes de percepción”, encargados de cobrar, declarar y transferir al Tesoro Nacional el impuesto recibido.
Hace unas semanas, Prodavinci consultó a tres especialistas para conocer las posibles consecuencias de esta medida, cómo se traslada el costo del impuesto a los consumidores, los incentivos a la informalización que genera, los objetivos fiscales, las contradicciones y los retos de su aplicación.
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