Enero de 2022 no había llegado a la quincena y en Venezuela ya habían sido asesinadas 27 personas por las fuerzas de seguridad, reportó la ONG Control Ciudadano. Un preocupante comienzo de año que recuerda una realidad aún peor: entre 2016 y 2021 se contabilizaron 9.211 casos de ejecuciones extrajudiciales, parte del expediente de violaciones de derechos humanos que pesa sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, por el que varios organismos internacionales han encendido alarmas y la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación.

El dato global de los 9.211 casos de ejecuciones extrajudiciales es de Cofavic, una organización creada por los familiares de las víctimas del Caracazo del 27 de febrero de 1989, los masivos disturbios y saqueos registrados en la capital que fueron controlados violentamente por la fuerza militar y policial y terminaron en ajusticiamientos y desapariciones. La ONG ha seguido por más de 30 años este fenómeno y asegura que no ha dejado de ocurrir e incluso ha venido en aumento, pese a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han exigido al Estado venezolano garantías de no repetición.

“Ahora no solo estamos viendo ejecuciones extrajudiciales por un uso desproporcionado de la fuerza pública, estamos frente a patrones sistematizados vinculados al propósito de generar control social en zonas populares de áreas urbanas”, advierte la abogada Liliana Ortega, directora de Cofavic. “Las ejecuciones extrajudiciales, al igual que la tortura, son violaciones de derechos humanos múltiples, porque involucran el derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso”.

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