
El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, asegura que el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha sido clave para demostrar la opacidad del gobierno de Nicolás Maduro
El gobierno de Nicolás Maduro ha consolidado la hegemonía comunicacional preconizada por Hugo Chávez, pero no lograda en vida de éste: provocó el cierre o adquirió a través de terceros canales de televisión, periódicos y emisoras de radio, de manera que la crítica contra su gestión se ve limitada a los pocos medios digitales independientes que se mantienen en pie y a los mensajes que intercambian los usuarios de las redes sociales.
A esta escasez de actores que puedan escrutar el desempeño de la actual administración se suma la política del Ejecutivo chavista de no rendir cuentas de sus operaciones: no entrega al Parlamento el proyecto de Presupuesto Nacional, ni sus ministerios las respectivas memoria y cuenta, sino que las mismas se aprueban a través de un Poder Judicial aliado; el Instituto Nacional de Estadística (INE), dejó de publicar sus números y el Banco Central de Venezuela no da las cifras de inflación y desempleo, mientras se niega información a las ONG o ciudadanos que quieran ejercer su derecho a conocer sobre el manejo de los fondos públicos. Todo esto sin contar con las acusaciones, detenciones y amedrentamiento contra periodistas y activistas de DDHH que de esta manera ven dificultades sus posibilidades de sacar a la luz los manejos de los recursos que pertenecen a todos, pero disfrutan unos pocos.
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