Opinión | Soberanía criminal, por Joaquín Villalobos

Ilustraciones: Víctor Solís

Joaquín Villalobos en Nexos


Venezuela es un espejo cuasiperfecto de lo que un país no puede hacer sin destruirse. O de lo que debe hacer si quiere destruirse. Uno de los errores graves en ambos sentidos es ver el crimen como una expresión de la pobreza y asumir que hay una relación causal entre uno y otra, de modo que el crimen no se reducirá mientras no se reduzca la pobreza, al tiempo que combatir el crimen es en cierto modo agravar la injusticia, ser insensible y ciego a las raíces sociales del crimen.  •  Joaquín Villalobos hace el recuento en este lúcido ensayo de la forma como Venezuela, partiendo de esta visión, empezó por no combatir al crimen, luego por combatirlo mal, quedando finalmente a su merced, en una extraña, cómplice y aberrante convivencia de soberanías: la soberanía del Estado y la soberanía criminal.  •  La historia de la soberanía criminal que se ha instalado en Venezuela tiene mucho que decir a otros países, a México en particular.

Venezuela padece quizás la peor crisis de seguridad en los conflictos entre Estado y delincuencia en la historia del continente. El caso venezolano incluye importantes lecciones para toda Latinoamérica en la lucha de los gobiernos por el control del territorio. Un problema que con distintos grados de gravedad existe en Brasil, Colombia, México, Centroamérica y casi todas nuestras naciones. Venezuela es un caso extremo de errores y, en ese sentido, es un manual perfecto sobre lo que no hay que hacer.

El primer derecho humano es la seguridad, porque ni la salud ni la educación ni las libertades más esenciales tienen sentido si se vive amenazado y con miedo. La primera responsabilidad del Estado es proteger la vida, la tranquilidad, las libertades y el patrimonio de todos los ciudadanos. El Estado nunca debe renunciar a su obligación de proteger a las personas y perseguir al crimen. Tolerar, pactar formalmente o de hecho con criminales, implica quitarles la paz a los ciudadanos para dar tranquilidad a los delincuentes. Esto significa que el Estado cede territorios, población y soberanía al crimen.

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