Runrunes | Especial – Venezuela: detenciones y justicia mediática cubren la irregular gestión contra la pandemia del gobierno de Maduro

ESPECIAL | Venezuela: detenciones y justicia mediática cubren la irregular gestión contra la pandemia del gobierno de Maduro

Por Armando AltuveGitanjali WolfermannLisseth Boon y Grisha Vera

El primer caso de venta ilegal de medicamentos para tratar el COVID-19 en Venezuela fue informado por el propio Nicolás Maduro. “Es una irregularidad terrible. La investigación está avanzada, gente vendiendo en dólares la medicina que el país trae y la da gratis a los hospitales. Vendiendo ese medicamento en 4 mil o 5 mil dólares, que es gratis, que se la damos a las clínicas privadas y a los enfermos de Covid”, dijo el presidente venezolano el 9 de septiembre de 2020 durante una actividad pública.

Cuando anunció el caso, Antonio José Amell Cantillo, un médico de nacionalidad colombiana de 27 años, que cursaba su residencia en la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET) en Valencia, estado Carabobo, llevaba dos días detenido. Lo apresaron el 7 de septiembre en su domicilio, luego de que circulara un video en las redes sociales en el que se ve al médico presuntamente negociando unos medicamentos. Desde Colombia, su familia denunció una presunta desaparición forzada y la ONG Foro Penal, defensora de presos políticos, informó que había recorrido varios sitios de detención en Carabobo y no logró dar con Amell. 

El fiscal general de Venezuela designado por el gobierno de Maduro, Tarek William Saab, aseguró aquel 9 de septiembre que a Amell Cantillo se le imputaba por los supuestos delitos de concusión (requerir un pago indebido abusando de su autoridad), contrabando de extracción y asociación para delinquir. En esa misma rueda de prensa, Saab dio a conocer que la comerciante Francis Margarita Aguiar Salazar, de 52 años, encargada de la Quincalla y Frutería Central, ubicada detrás de la CHET, también había sido detenida. En su local, incautaron planillas y formularios de documentos oficiales que supuestamente servían para comercializar los fármacos sustraídos del hospital. En consecuencia, a Aguiar se le imputó por forjamiento de documentos públicos, contrabando de extracción y asociación para delinquir.

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