Por Milagros Socorro en La Gran Aldea
Juan Vicente Gómez había muerto en diciembre. Poco a poco, la gente empezó a salir del encierro a que los había sometido el gomecismo y por todas partes se registraron protestas y saqueos a las residencias de prominentes figuras del régimen caído con la desaparición física del dictador.
El 2 de enero de 1936, el con el presidente interino, general Eleazar López Contreras, decretó la suspensión de las garantías constitucionales. El 6 de enero, la medida se extendió a la prohibición de reuniones y de “discursos en las plazas, teatros, calles, campos y sitios accesibles al público”, así como divulgación de carteles y avisos sin permiso de las autoridades. Desde luego, ni hablar de manifestaciones y mucho menos de huelgas.
El 12 de febrero, en franco desacato a estas disposiciones, el diario La Esfera publicó un artículo de Hernani Portocarrero titulado ‘¿Democracia o dictadura?’ y al día siguiente, el 13 de febrero, el gobernador de Caracas, Félix Galavís, hizo llegar una comunicación a los directores de los periódicos para hacerlos responsables de los “artículos disociadores” que pudieran contribuir a “exaltar los ánimos”.
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