Por Hannah Beech
Daw Aung San Suu Kyi, la líder civil de Birmania depuesta por los militares en un golpe de Estado, fue acusada el miércoles de una confusa infracción: haber importado ilegalmente al menos diez radios portátiles, según un funcionario de su partido, la Liga Nacional para la Democracia. La infracción puede ser castigada con hasta tres años de prisión.
Fue un extraño epílogo a unas tensas 48 horas en las que el ejército volvió a poner a la líder más popular del país bajo arresto domiciliario y extinguió las esperanzas de que la nación del sudeste asiático pudiera servir algún día como faro de la democracia en un mundo inundado de creciente autoritarismo.
El sorprendente uso de la importación de los walkie-talkies para justificar la privación de la libertad de la nobel de la paz subraya la afición de los militares a utilizar una estrategia detallada para neutralizar a su mayor rival político. El presidente destituido del país también se enfrenta a penas de cárcel por presuntas violaciones de las restricciones impuestas por el coronavirus.
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