Opinión | El 5E agrava todo y nada resuelve, por Juan Manuel Raffalli

La confusión sobre la situación de los Poderes Públicos en Venezuela será más intensa después del 5 de enero de este año (5E), fecha en la cual debe comenzar la legislatura para el nuevo quinquenio constitucional 2021-2026. Podemos hacer una larga lista de preguntas al respecto; por ejemplo: ¿Los diputados electos en 2015 cesan automáticamente en sus funciones el 5E?, ¿es sustentable constitucionalmente el principio de Continuidad de los Poderes Públicos que permitiría extender su mandato hasta que se den elecciones parlamentarias auténticas?, ¿es posible que la Comisión Delegada prevista en la Constitución asuma el Poder Legislativo interinamente?, ¿ante esta posibilidad, el diputado Juan Guiado deja de ser Presidente de la Asamblea Nacional desde el 5E?, ¿y de ser así, podría seguir invocando su carácter de Presidente interino? Todo lo anterior, se suma a la persistente situación de cuestionamiento de muchos países y de la oposición venezolana sobre las elecciones del 20 de mayo de 2018, que invoca Nicolás Maduro para ejercer la Presidencia de la República hasta enero de 2025. De esta forma, en  medio de su comprensible confusión, el ciudadano común insólitamente llega a dudar sobre la factibilidad de que existan dos parlamentos, dos Presidentes y dos Tribunales Supremos de Justicia.

Podríamos dar algunas respuestas específicas a estas interrogantes; por ejemplo, obviamente no pueden existir dos Poderes Públicos, en cada rama que los conforma. Los diputados electos en 2015 cesan en sus funciones el 5E (Artículos 192 y 210 de la Constitución), pero si no hubiera un elección valida y previa a esa fecha, debido por ejemplo a un diferimiento por razones técnicas o de salud pública, el Parlamento no puede esfumarse pues desparecería un Poder Público esencial para el funcionamiento democrático del Estado, allí encontramos las base del tan mentado principio de la Continuidad Institucional de los Poderes Públicos reconocido por la Sala Constitucional desde la Sentencia 1.300 del año 2005 (Caso Gobernación de Amazonas). Otra respuesta puntual, la Comisión Delegada tal y como está prevista en la Constitución, tiene vocación temporal y competencias muy limitadas (Artículos 195 y 196 de la Constitución). Otra, la condición de Presidente encargado depende de dos supuestos de hecho, inexistencia de un Presidente electo al iniciarse el período constitucional, y la envestidura de Presidente de la Asamblea Nacional, si no concurren no hay encargaduría. Otra más, solo las elecciones convocadas y celebradas con apego a la Constitución y a los estándares internacionales de integridad electoral, pueden validar el ejercicio de la Presidencia de la República.

“La médula de todo es el desencuentro de la sociedad, la pérdida del efecto legitimador del sufragio para ejercer el poder en paz y con apego a la ley”

Sin embargo, ninguna de estas respuestas puntuales puede explicar lo que ocurre en Venezuela, y menos aún erradicar confusiones. El punto grueso, digamos que la médula del asunto, es que hay una absoluta anomalía funcional de los Podres Públicos derivada de la degradación y defraudación de las normas constitucionales que los organizan y definen, a partir de la esencia misma del Estado Democrático; es decir, a partir del sufragio como vía de expresión natural de la soberanía popular.

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