Opinión | El Proyecto Miroslava le sube el costo al asesinato de periodistas en México

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La autora es integrante de la junta directiva del Comité para la Protección de los Periodistas.

 

BOGOTÁ — ¿Cuánto cuesta matar a un periodista? En México, casi nada para el pistolero, quizás unos pesos para que las autoridades miren a otro lado, y listo: silenciado el incómodo reportero. Según las cuentas de Artículo 19, en ese país han asesinado a 131 periodistas desde 2000 hasta el 24 de agosto de 2019. Otros veinticuatro fueron desaparecidos forzadamente. La impunidad en todos estos casos es casi absoluta. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), de las 790 investigaciones abiertas desde 2010, apenas 118 han llegado a una corte y solo ha habido una decena de sentencias condenatorias exclusivamente contra autores materiales. Ningún castigo para los autores intelectuales.

Hartos de la impunidad, un grupo de periodistas dijeron “¡Basta!”, y hace un año crearon el Colectivo 23 de Marzo para investigar la muerte de una de sus colegas más respetadas, Miroslava Breach. Corresponsal del diario La Jornada y columnista de El Norte de Juárez, Breach contaba de frente lo que realmente pasaba en Chihuahua, su estado. En marzo de 2016 denunció que en municipios en Chihuahua precandidatos a presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una precandidata del Partido Acción Nacional (PAN) tendrían vínculos con narcotraficantes. El PRI reemplazó a dos aspirantes denunciados y la aspirante del PAN, que resultó elegida, negó vigorosamente tener relación alguna con los carteles. La denuncia le costó a Miroslava nuevas amenazas.

La periodista chihuahuense siguió adelante con sus investigaciones. Documentó los despojos de la expansión del grupo criminal que montó la familia Salazar, al servicio del Cártel de Sinaloa, en su natal municipio de Chínipas en la Sierra Tarahumara. Escarbó los vínculos entre este y otros grupos con la política de Chihuahua y de Sonora. Armó un expediente del gobernador de su estado, César Duarte, quien hoy está prófugo de la justicia y con veintiuna órdenes de captura por peculado y enriquecimiento ilícito.

Lee más en The New York Times

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