Prodavinci | ¿Qué son las sanciones secundarias?

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Por Mariano de Alba de Prodavinci

Hasta el 5 de agosto de 2019, el alcance de las órdenes ejecutivas del presidente de Estados Unidos relacionadas con Venezuela estaba limitado a personas o entidades estadounidenses. Específicamente, las medidas eran aplicables a cualquier: (i) ciudadano estadounidense, (ii) residente permanente, (iii) entidad constituida bajo las leyes estadounidenses o (iv) cualquier persona en territorio estadounidense.

Esa situación cambió con la última orden ejecutiva. Ésta abre la posibilidad para que el Secretario del Tesoro bloquee bienes y propiedades en Estados Unidos de personas o entidades extranjeras. Para ello, debe determinar que estas personas o entidades han asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico a cualquier persona que esté incluida en la lista sobre Venezuela mantenida por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (“OFAC”, por sus siglas en inglés). La misma sanción es aplicable para cualquier entidad que sea propiedad, esté controlada, haya actuado o tratado de actuar en nombre de cualquier persona cuyos bienes e intereses ya hayan sido bloqueados.

¿Qué son las sanciones secundarias?

Para comprender qué se entiende por “sanciones secundarias”, hay hacer referencia a las “sanciones primarias”. Cuando el gobierno estadounidense impone sanciones, usualmente esas medidas restringen a los propios ciudadanos o empresas estadounidenses de involucrarse directamente en ciertas transacciones comerciales o financieras con determinadas personas, compañías, gobiernos, países o grupos terroristas.

En cambio, las sanciones secundarias son restricciones que impone el gobierno estadounidense para desincentivar, directa o indirectamente, que personas o empresas extranjeras incurran en transacciones comerciales o financieras con determinadas personas, compañías, gobiernos, países o grupos terroristas. De esta forma, el Estado sancionador (por ejemplo, Estados Unidos) busca disuadir a uno o varios países, sus ciudadanos o empresas (por ejemplo, España, ciudadanos o empresas españolas) para que no realicen transacciones con el objetivo de las sanciones (por ejemplo, un gobierno dictatorial y los altos funcionarios de ese régimen).

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