Por Naky Soto en TalCual

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) incluyó este miércoles entre los fugitivos más buscados al vicepresidente económico de Nicolás, Tareck El Aissami, al que acusa de narcotráfico internacional. ICE publicó en Twitter un vínculo a la ficha policial de El Aissami, en la cual recomienda abstenerse de intentar detenerlo espontáneamente y mejor informar a las autoridades. El Aissami fue acusado a comienzos de año en una corte federal de Nueva York de violar las sanciones que le impuso el Departamento del Tesoro al contratar empresas estadounidenses para trasladarse en jets privados para hacer vuelos internacionales. Antes de esa acusación penal, ya había sido sancionado según la ley Kingpin Act, por presuntamente jugar un papel protagónico en el narcotráfico internacional. Entre los 10 prófugos más buscados por el ICE, se incluye al empresario Samark López, acusado de ser su testaferro, quien esta misma tarde emitió una aclaratoria que no aclara nada.

Una crisis por otra

La ficha de “Se busca” de Tareck El Aissami supone una crisis de reputación gravísima para el gobierno Nicolás. No es la primera vez que el chavismo, ante un escenario así de complejo, desvía la atención pública hacia un tema que los victimice o en el que puedan hacer mayor ruido actuando colectivamente. Con el terreno abonado ayer por el partido Avanzada Progresista, la vicepresidenta de Nicolás, Delcy Rodríguez, decidió acusar a Juan Guaidó de estar presuntamente implicado en una “banda de crimen organizado con la empresa canadiense Crystallex”. Según ella, el objetivo es despojar a Venezuela de los activos de Citgo, en asociación con el gobierno de Estados Unidos. Aseguró que el Procurador designado por Guaidó, José Ignacio Hernández, llevó a cabo un supuesto “fraude material y procesal para sacar los derechos de inmunidad soberana y poder llevar este caso a un tribunal de EEUU”.

La aclaratoria necesaria

En 2008 Hugo Chávez comenzó una ola de expropiaciones que, una década después, significó decenas de demandas ante organismos como el Banco Mundial y el Ciadi, que han emitido sentencias a favor de los demandantes. Uno de los casos es el de la minera canadiense Crystallex, que para 2008 tenía seis años explotando la mina Las Cristinas. En marzo de 2017 el tribunal del Banco Mundial ordenó a Venezuela cancelar unos $1.200 millones (más intereses) a Crystallex en compensación por la confiscación de la mina. Ante la no cancelación de la deuda, la minera canadiense acudió a un tribunal en Delaware para asociar la indemnización pendiente con la refinería Citgo, como un activo del país deudor en territorio estadounidense. La corte avaló la demanda. Esto fue exclusivamente responsabilidad de Hugo Chávez y Nicolás.

Lee más en TalCual