Opinión | El efecto Bachelet

CIUDAD DE MÉXICO — De todas las reacciones que el madurismo —nacional e internacional— lanzó en contra del informe de Michelle Bachelet, la más desconcertante fue la del gurú. Dos días después de que la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentara un demoledor reporte sobre la crítica situación de los derechos humanos en Venezuela, Nicolás Maduro apareció con Sri Sri Ravi Shankar en el Palacio de Miraflores, anunciando gozoso: “Estuvimos hablando sobre la necesidad de una nueva humanidad. […] Me habló de la necesidad de construir la unión nacional”. ¿Lo dice en serio o se está burlando? ¿En realidad piensa que algo así puede contrarrestar la investigación de la ONU? ¿En qué cree Nicolás Maduro?

Una de las consecuencias más contundentes del informe de Bachelet tiene que ver con el problema de la verdad en Venezuela. Con lo que —más a allá de la fe o de las especulaciones— ocurre en temas como la salud, la alimentación o la violencia en el país. El documento destaca cómo el gobierno ha impuesto una hegemonía comunicacional para aniquilar el periodismo independiente y esconder la realidad. Con información precisa, deja sin sustento a la narrativa oficial. Frente a la investigación de la ONU, la retórica chavista queda al desnudo. Se reduce a un balbuceo infantil, predecible. La mayoría de las reacciones oficiales se han centrado en señalar que se trata un informe “manipulado”, “falso”, “sesgado”, “cargado de mentiras”, “descontextualizado” sin aportar ningún dato concreto que pueda refutar lo que señala la investigación. Siguen un método viejo y conocido: no cuestionan lo que se dice, solo lo descalifican. Es más fácil decir que Bachelet es una marioneta del imperio que enfrentar la responsabilidad del Estado en más de 6 800 ejecuciones extrajudiciales.

Dos argumentos se repiten de manera insistente en casi todas las críticas. El primero es de carácter metodológico. Se trata de desautorizar el informe denunciando que, en gran parte, está basado en entrevistas realizadas fuera de Venezuela. Esto es cierto. Pero no desacredita ni deslegitima la investigación. Responde a una realidad específica y a las formas con que los organismos internacionales indagan y monitorean la realidad de los llamados “países cerrados”. Hasta marzo de 2019 el Estado venezolano no permitió la entrada de representantes de la ONU al país. No puede ahora, ese mismo Estado, denunciar la poca presencia de esa organización en su territorio. Este argumento, por otro lado, también ignora la enorme diáspora de venezolanos en el exterior. Hay un país real —más de 4 millones de personas— expulsado del mapa, con todo el derecho a dar testimonio de sus propios procesos.

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