El País | EE UU imputa a Assange por la difusión de material secreto y abre un debate sobre la libertad de prensa

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El caso Wikileaks se ha convertido en un examen a la libertad de prensa, consagrada en la Constitución estadounidense. El Departamento de Justicia de EE UU ha desvelado 17 nuevos cargos contra Julian Assange, fundador de dicha plataforma, por vulnerar la Ley de Espionaje tras la masiva difusión de documentos militares y diplomáticos confidenciales en 2010, en lo que fue la mayor filtración de la historia de Estados Unidos. Assange, detenido en Londres desde abril cuando Ecuador le retiró la protección en su Embajada, estaba acusado hasta ahora por conspiración para el pirateo de un ordenador del Pentágono en 2010. Desde hoy, el proceso gira en torno al alcance de la Primera Enmienda de la Constitución, si esta cubre un caso como el de Assange y su portal.

La historia se remonta a la filtración de hace nueve años. La analista de inteligencia Chelsea Manning -entonces Bradley Manning- pasó a Wikileaks un quintal de cables y documentos clasificados que había estado robando y que luego publicaron medios como The New York Times, EL PAÍS o The Guardian. Desde 2012, Assange vivía refugiado en la embajada de Ecuador en Londres para evitar responder ante la justicia de Suecia por las acusaciones de violación presentadas por dos mujeres y también para esquivar una posible petición de extradición a Estados Unidos. El mes pasado, el país sudamericano cesó el apoyo al australiano y Scotland Yard lo arrestó en respuesta, precisamente, a una petición de extradición de la justicia estadounidense, que en marzo de 2018 le había imputado por el presunto delito de seguridad informática.

Ahora, sin embargo, la justicia estadounidense no solo quiere que Assange rinda cuentas por conspirar en el pirateo de la información, sino también en la difusión, por presunta vulneración la Ley de Espionaje de 1917. Frente a ella, la protección a los periodistas por la Primera Enmienda de la Constitución quedó reafirmada con el caso de los famosos Papeles del Pentágono de 1971, que había publicado The New York Times. La justicia estableció que se debía condenar la filtración de material clasificado, pero no su publicación, al demostrarse que eran ser de interés público.

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