Prodavinci | El asedio del Poder Legislativo y sus consecuencias

asamblea-nacinal-de-venezuela.jpgPor Juan Manuel Raffalli en Prodavinci

El Poder Judicial ha decidido imponer su supremacía en ausencia de controles ni límites jurídicos e institucionales. Aun así, la gravedad de las agresiones sistemáticas y progresivas contra el Poder Legislativo Nacional provenientes del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo nos emplaza a levantar la voz y cumplir con el deber de pedir respeto al Parlamento. La Constitución, hoy abiertamente, es vulnerada desde el ejercicio del poder.

El desconocimiento sistemático de la Asamblea Nacional y la usurpación de sus funciones

El 6 de diciembre de 2015, la oposición se alzó con un triunfo electoral abrumador: obtuvo más de dos tercios de los diputados que integran la Asamblea Nacional (AN). Esto le confirió la mayoría calificada constitucionalmente requerida para adoptar importantes decisiones relacionadas con la designación y remoción de los poderes públicos y del vicepresidente de la República; también para la promulgación de leyes orgánicas e incluso la iniciativa de convocar al Poder Constituyente. Ante esta mayoría calificada, al gobierno de Nicolás Maduro se le presentó una encrucijada: gobernar con sujeción al Poder Legislativo Nacional o tratar de desconocer o anular a la AN, en contravía con lo establecido en el texto constitucional, según el cual nuestro gobierno es presidencialista, pero bajo control del Parlamento al que le corresponde no solo legislar sino también ejercer la contraloría del Gobierno y de la administración pública (artículos 187.3 y 222 de la Constitución).

La decisión fue inmediata y lamentable pues consistió en desconocer y aniquilar al Poder Legislativo mediante agresiones de hecho de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), irregularmente designado, que ha dictado sentencias absurdas en las que, entre otras cosas:

1. Suspendieron en sus cargos cautelarmente a diputados electos y proclamados (Amazonas) negando con ello el carácter Federal de la República.

2. Limitaron y falsearon las competencias constitucionalmente conferidas exclusivamente a la AN.

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